El Gobierno nacional instruirá a las distribuidoras de gas y electricidad para que retomen la facturación de los servicios con la tarifa que regía antes de los respectivos aumentos que fueron suspendidos por la Justicia, informaron fuentes oficiales. Las fuentes consultadas por la agencia DyN indicaron que los entes nacionales reguladores de la energía eléctrica y el gas (ENRE y Enargas) serán los encargados de dar instrucciones a las distribuidoras, luego de los fallos judiciales que suspendieron los aumentos dispuestos en los dos servicios públicos. Los incrementos tarifarios en la electricidad comenzaron a regir en febrero y los del gas en abril, aunque en este último caso tuvieron sucesivas modificaciones que, al igual que las normas originales, fueron suspendidas por la Justicia por entender que no se cumplió con el requisito constitucional de convocar previamente a audiencias públicas.
Con el fallo judicial que frenó los aumentos en las tarifas de luz en todo el país, alrededor de 125.000 familias tucumanas podrían dejar de percibir el beneficio de la tarifa social. Así lo explicó el vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), Santiago Yanotti, quien explicó que este es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades en medio del conflicto por las tarifas de los servicios esenciales, que aún no tiene una solución de fondo. La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, dispuso el miércoles la suspensión del aumento tarifario de la luz en todo el país. De este modo, la magistrada hizo lugar a dos amparos presentados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y por la Asociación Consumidores Argentinos. Yanotti explicó que antes de la quita de subsidios del Estado nacional a la distribución de energía, los usuarios pagaban, en promedio, $ 70 el megavatio de energía. Con el retiro de las subvenciones estatales, y el consecuente aumento tarifario, el servicio pasó a costar $ 300 el megavatio, en promedio, mientras que las facturas de los beneficiarios de tarifas sociales no tuvieron ningún costo. Ahora, con el fallo de Forns, el esquema anterior quedó sin efecto, por lo cual todos los usuarios deberían pagar el precio inicial de $ 70 el megavatio. “Lo que más preocupa es que hay 125.000 familias en Tucumán que, al caer la resolución de los aumentos, producto del fallo judicial, perderían el beneficio”, manifestó el funcionario a LA GACETA.
Esperando instrucciones
Consultado sobre qué deben hacer los usuarios que recibieron las facturas, Yanotti advirtió que, oficialmente, se esperan las instrucciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), encargada de regular la generación, el transporte y la distribución de energía en el país.
“Cammesa tiene tres días para informarles a las empresas distribuidoras de energía (EDET, en el caso de Tucumán) cómo continuarán los procesos de facturación del servicio de luz. Hasta aquí, Cammesa no informó nada, por lo tanto EDET, desde el punto de vista comercial, seguirá adelante con el proceso de emisión de facturas, hasta que reciba las instrucciones”, insistió.
Por otro lado, el vocal del Ersept señaló que urge una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las empresas cuenten con criterios claros a fin de emitir las facturas y para que los usuarios de los servicios públicos sepan cuánto deberán pagar. “Todos esperamos que la Corte convalide o no los aumentos, porque si no genera muchas complicaciones, tanto para los usuarios como para las empresas”, subrayó. Yanotti explicó que en el caso del gas, la situación es diferente porque la regulación tiene jurisdicción nacional. Ante el fallo de la Justicia de La Plata, que frenó los incrementos del servicio, el Enargas, organismo encargado de regular el servicio, recibió la comunicación judicial y, de inmediato, ordenó a las empresas distribuidoras (Gasnor, en Tucumán) que interrumpa la facturación del servicio en todo el país.